El Pacto Social para las Familias en Castilla y León se ha firmado esta mañana en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas; consejeros y consejeras; autoridades; representantes de organizaciones sociales; medios de comunicación y entidades del tercer sector.

Se trata de un acuerdo que nace de una necesidad social agravada por el contexto actual que «presenta una combinación de desafíos globales y locales que afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, quienes cuentan con menos recursos para adaptarse y están más expuestas a los riesgos», en palabras de Óscar Castro, presidente de EAPN-Castilla y León.

Cifras que preocupan

En la presentación, por parte de EAPN-CyL, de este pacto, se ha hecho hincapié en las preocupantes cifras de desigualdad social en Castilla y León, donde el 22,4% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que ha aumentado ligeramente respecto al año pasado.

La pobreza alcanza al 18,2% de la población, y la privación material y social severa ha crecido hasta el 6,4%. Aunque la baja intensidad de trabajo en los hogares ha disminuido, la brecha entre los entornos rurales y urbanos sigue siendo preocupante: un 26,5% de pobreza en el entorno rural frente al 13,7% en el urbano.

Un trabajo conjunto y continuado en el tiempo

El Pacto Social para las Familias es el resultado de un trabajo conjunto entre la administración pública y el tercer sector. Una colaboración fundamental para que las medidas supongan un impacto real en las vidas de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Claves del Pacto Social para las Familias

Se establecen cinco grandes bloques que se consideran esenciales para el bienestar de las familias más vulnerables: 

INGRESOS SUFICIENTES PARA UNA VIDA DIGNA

Promover sistemas de apoyo que aseguren recursos y oportunidades necesarias para todas las familias.

El documento destaca la importancia de garantizar ingresos básicos mediante herramientas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), con el objetivo de combatir la pobreza, fomentar la inserción sociolaboral y garantizar derechos fundamentales.

INCLUSIÓN RESIDENCIAL

Incrementar y mejorar las alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad.

El acceso a una vivienda adecuada y estable es esencial para romper el ciclo de la pobreza y garantizar derechos básicos como salud, seguridad, educación y empleo, especialmente en familias vulnerables. En Castilla y León, el gasto en vivienda representa un desafío crítico, ya que las familias en situación de pobreza destinan el 39% de sus ingresos a esta necesidad.

EDUCACIÓN COMO GARANTÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Reducir desigualdades en el acceso a la educación, garantizando que ningún niño, niña o joven quede atrás.

La educación es clave para romper el ciclo de la pobreza y fomentar la igualdad de oportunidades. En Castilla y León, el sistema educativo destaca por su calidad y equidad, según el informe PISA, pero es necesario reforzar medidas que atiendan a estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad.

EMPLEO PARA LA INCLUSIÓN

Diseñar estrategias de inserción laboral adaptadas a las realidades sociales y económicas actuales.

El empleo es clave para combatir la pobreza y la exclusión social, pero el trabajo precario puede mantener a personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad. Mejorar la empleabilidad a través de políticas activas y programas específicos es esencial para facilitar el acceso a empleos estables y bien remunerados, promoviendo la participación social y económica.

COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN Y TERCER SECTOR Y HERRAMIENTAS DE INTEROPERABILIDAD

Fomentar una coordinación efectiva entre los sectores público, privado y social para una atención integral.

Los servicios sociales, como pilar del Estado del Bienestar, buscan garantizar los derechos de las personas y promover la cohesión social. En Castilla y León, la Red de Protección a las Familias articula la colaboración entre servicios sociales públicos y entidades del tercer sector para ofrecer atención integral y personalizada a las personas en situación de vulnerabilidad.